Entre la objetividad y la subjetividad  hay un trecho que recorren hoy todos los actores económicos: los nuevos y los viejos. Y aunque se diga que entre ellos la competitividad es una apuesta segura, no todos tienen las mismas cartas “en la mano”. No todos llegaron a la mesa con iguales fichas y montos.  De modo que la partida va a definir el juego.

Y eso es lo primero: no todos están en el mismo punto de partida. Trabajadores por cuenta propia (TCP), Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), Cooperativas No Agropecuarias (CNA), empresa estatal…En la diversidad hay diferencias. Lógicas además.

Hay un ejemplo que pudiera ilustrarlo desde el encargo, ya no el objeto social. Dentro de las 49 entidades del país que en el 2021 optaron por el premio a la Gestión Económica- Productiva, solo cinco lo alcanzaron: y dentro de esas cinco, solo había una Mipyme: la mediana empresa Media Luna, de Ciego de Ávila.

Ya aquí te contamos cómo Media Luna pasó a “Luna llena”

Pues esa Mipyme, en su primer año de exportaciones y ventas online, estuvo muy cerca de los millones de dólares recaudados por la famosísima Agroindustrial Ceballos, que es, a su vez,  un polo exportador de la región central que integra unas  17 entidades.

En valores, Media Luna estuvo a poco más de un millón de darle alcance. ¿Quiere decir que sus productos navegan mejor en el mercado,  tienen  una dosis más alta de calidad o se venden a mejor precio, de cara a la entidad? Pudiera ser.

Pero hay un dato que contextualiza esa comparación y apunta en otra dirección: Ceballos, aun recibiendo el 80 por ciento de los insumos en Moneda Libremente Convertible (MLC) tiene el encargo de destinar el 93 % de sus ventas al mercado nacional y comercializarlas en  moneda nacional; es decir en CUP, porque la MLC también es una moneda nacional (aunque virtual).

¿Entonces?

Mientras se tengan diferentes destinos, encargos o propósitos, no es válido hablar de competitividad. No siempre son comparables las estatales y las mipymes. Ni en planes físicos ni en valores.

Porque además, cuando la Resolución  222 del Banco Central  facultó a los nuevos y viejos actores a comercializar en la red de tiendas en MLC,  la avalancha de privados y estatales, muy necesitados de captar esa moneda para poder cerrar ciclos, fue muy visible… y muy cuestionada. Unos la respetaron y otros la violaron.  Muchos se enfocaron en su liquidez, no en el “hueco” que le generarían a las ofertas en CUP.

El propio Ministro de Economía lo admitía el mes pasado:

“Estamos corrigiendo desviaciones. Por ejemplo, hay determinados productos que hoy se están vendiendo en el comercio electrónico en MLC, por empresas nuestras, y que tienen que ser derivados hacia el mercado nacional. Pero, en sentido general, no es posible, no existen las condiciones para que podamos mantener un nivel estable de oferta de productos solamente en moneda nacional, aunque es el objetivo”.

¿Si la mayoría de productos se vende en MLC, qué queda en  la otra moneda? ¿Pero si casi todas las materias primas se  les ofertan en MLC, cómo se sostienen si no ingresan MLC?

Esa podría ser una de las líneas que impide cortar a estatales y privados con la misma tijera. Y ante esa encrucijada, parece que nuevas regulaciones están cocinándose. Así lo dejaba entrever, al periódico Invasor, Víctor Delgado Ramírez, al frente del Órgano de Gestión del Desarrollo Local del Gobierno Provincial, en Ciego de Ávila.

Allí el proceso de creación de cuentas en MLC está detenido. Varios Proyectos de Desarrollo Local, incluso Mipymes, no tienen creada su cuenta en esa moneda, a la espera de una revisión. ¿Quiénes sí podrán y quiénes no? es una pregunta cuya respuesta, obviamente, desencadenará en (mayores) diferencias.

Tales diferencias seguirían siendo notables, a pesar de que se hayan establecido los mismos montos de impuestos sobre utilidades. Una empresa estatal y una mipyme, ambas, aportan el 35 por ciento; una cifra alta para negocios que recién empiezan y que, si tenemos en cuenta su estructura, son pequeñísimos, pues un emprendimiento de cuatro personas ya es (por fuerza y determinación) una mipyme.

Sin embargo, paga igual cuota que una portentosa empresa, cuya estructura de exportación, por ejemplo, ya está consolidada  con ganancias y maneras de hacer ya establecidas, mientras otros tienen que “lucharla”. Encima, el mismo impuesto se determinó para empresas privadas que no tienen el mismo objeto ni ubicación.

Sobre esa disparidad ya el destacado economista Juan Triana Cordoví hablaba aquí

Imías no es Centro Habana ni Jatibonico, Varadero. De ahí que suponer la igualdad entre actores y territorios deriva, contradictoriamente, en mayores diferencias. Sobre esa idea se pronunciaba la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Silvia Odriozola hacía notar que “cuando las escalas productivas son distintas, no se puede esperar que normas iguales impliquen condiciones similares”.

“Si la tasa impositiva sube en exceso, a muchas de esas formas productivas no les dará la cuenta, saldrán del mercado y solo quedarán los más fuertes. Eso sí lleva a una concentración de riquezas”, indicó a la agencia Prensa Latina.

Silvia Odriozola, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana.

Desde el sector empresarial se ha pretendido que esa riqueza fluya de manera más justa y, de acuerdo con declaraciones del Ministro de Economía,  Alejandro Gil, “unas 200 entidades aplican la nueva organización salarial, lo cual implica que no están obligadas a emplear la escala salarial”. No obstante, la pregunta sería, ¿qué limita a una empresa estatal en su búsqueda de riquezas, hasta dónde podría crecer para que sus trabajadores perciban más?

Esa pregunta se haría al lado de esta otra: ¿hasta dónde podría crecer una mipyme si no puede llegar a ser grande, tener  más de 100 empleados y su socio no puede ser socio de otra, a su vez?

De este lado de la balanza se evita concentración de riqueza, pero desarrollo y crecimiento, también.

Y acudir a la banca, ya lo sabemos porque aquí también te lo contamos, es una opción que no sienta en el mismo banquillo a todos los actores. Ni se ofrecen los mismos montos, ni el tiempo y los términos son iguales. Mientras el Banco Central de Cuba aprueba montos millonarios para empresas que, incluso registran pérdidas; a una mipyme de reciente creación se le sigue mirando con demasiado recelo.  

El acceso a microcréditos para el surgimiento de nuevos actores, por ejemplo, es todavía una petición en curso. Sin embargo, del “otro lado”, por decreto, surgen nuevas empresas y organismos de dirección y Unidades Empresariales de Base (UEB)… que también precisan de presupuesto e implican gastos a “la misma caja central”.

Otra de las diferencias más cuestionadas son los permisos de importación a cargo de importadoras estatales que fungen de intermediarias hasta para su propio sector empresarial. Las privadas quedan en segundo plano, pues aunque a finales de febrero se crearon siete nuevas empresas para facilitar el comercio exterior con las nuevas formas de gestión, y entre ellas se cuentan tres mipymes, la supremacía sigue del lado estatal. En total, 56 ya lo tienen permitido.

Lo más perentorio, coinciden varios economistas, sería autorizar la importación directa para ampliar opciones y precios y hasta poder burlar las sanciones del gobierno norteamericano.

Porque, además, volvamos al punto inicial: ¿si la Agroindustrial Ceballos, una de las autorizadas a importar, necesita una nueva línea de jugos y Media Luna, también, y la solicita a través de ellos, hacia dónde podría dirigirse la prioridad?

La lógica inclina la balanza. Y hablamos de lo mismo, pero no en igualdad de condiciones.

Diseño de portada: Aldo Cruces

Hay un emprendimiento habanero que se ha vuelto famoso y su nombre lo dice casi todo: Cafetalex. Allí sirven café, incluso ofertan uno que se llama Mambí, colado a la vieja usanza. Lo hacen con aquellos coladores que las abuelas heredaron de las bisabuelas y que se colaron en casa, casi con el mismo arraigo del café.

Si había poco o si era tarde se colaba una sambumbia porque la borra se podía botar, pero “hasta esa infusión era rica”, recuerda Lucía Llanes, quien creció en Cumanayagua con el colador o tetera de la abuela, y casi en la falda de los cafetales que adornaban el Escambray cienfueguero. Eran típicos del lomerío. Por eso ahora no entiende cómo, viviendo allí, no encuentra granos de café, ni a 200 pesos la libra.

Porque tampoco sabe que hace unos años, a escasos kilómetros de su casa, un ingeniero agrónomo se haría doctor estudiando los cafetales de la “Eladio Machín”, una empresa procesadora del grano que, además, exporta. Es la única que lo hace en la región central. Ahí trabajaron los padres de Lucía.

Y bajo la sombra de la Eladio, Leosveli Vasallo Rodríguez se haría doctor y defendería en Alicante, España, una teoría que demostró en los cafetales de la zona, pero que “aplicaría” a toda Cuba: los rendimientos van cuesta abajo. Los gráficos de su tesis son pendientes decrecientes. Tienden al finito.

Lo añejo de muchas plantaciones, la densidad, el manejo de las sombras y las pocas prácticas agrotécnicas terminarían dando sepultura a los años gloriosos del café en Cuba. Lo inexplicable para Lucía, en Cumanayagua, es hoy lo inexplicable para muchos en Cuba.  Aunque, obviamente, llueven las explicaciones (no el café en el campo).

Pero hay un dato que pesa más que ninguna: en 1833 Cuba exportó a Europa 29 500 toneladas de café, y ahora estamos hablando de “un programa de recuperación y desarrollo” que nos llevará en el 2030, a obtener 30 mil toneladas de café.

Habrán pasado 200 años. Y habremos vuelto, de algún modo, a 1830.

La comparación que hace el TCP parte de dos números  expuestos en Prensa Latina. El primero, tomado de un informe del Ministerio de la Agricultura, citado por el reportero de la agencia; el segundo, está en voz de Elexis Legrá, director nacional de Café, Cacao y Coco del Grupo Agroforestal (GAF) de ese Ministerio.

La realidad: más fuerte que el café

Quizás nada de eso leyeron en el habanero Cafetalex, ni en el avileño bar de Tía Fita o  en el citadino Hotel Rueda, de esa ciudad… Todos los negocios que en Cuba emprenden la ruta del café, lo hacen más por tradición y gustos, que por la estabilidad de un mercado mayorista que no es respaldo de casi ningún cuentapropista.

“Te dicen que debes comprar en la tienda de MLC para los privados con tu tarjeta de TCP, lo que ahí casi nunca hay. Cuando sacan te sale un tín más barato que si lo compras con tu tarjeta personal, pero no te venden las marcas cubanas, que son las buenas”.

Así lo cuenta Víctor Mendoza Cepero, titular de Tía Fita, más extrañado de que no pueda comprar Serrano o Cubita, por ejemplo, que de que pueda acceder a café extranjero. Vilma, CoffePot…

A cuatro cuadras de allí la historia es opuesta.

En el Hotel Rueda, perteneciente a la cadena Encanto, ofrecen cualquier tipo de café,  solo tiene que ser cubano. “Ahora servimos Torrefacto, ese nunca ni lo había visto. Solo sé que es cubano”, alude el bartender de la instalación.

Los hilos que encadenan el mercado con los recintos que sirven el café no están claros y todo indica que es la escasez quien dicta las pautas: “lo que haya, cuando haya”, y tratar de priorizar el café cubano en las instalaciones turísticas. Imagen Cuba.

Sin embargo, la imagen Cuba también se construye desde dentro y los altibajos del café normado,  ni con la abundante mezcla de chícharos, alcanzan la estabilidad. El propio Ministerio de Comercio Interior  lo informaba en enero de este año.  Parte del café que se distribuía (y distribuye en las bodegas) era importado y las navieras no habían podido entrar.

Si se diera  solo con café cubano  y sin chícharos, habría que calcular. Probablemente la cuota se reduciría a un cuarto.

Solo Revolico, ese bazar donde puede encontrarse casi cualquier cosa, parece ajeno a la escasez y exhibe varias marcas y precios.  Dos kilogramos de Regil podrían costar lo mismo 1 800 pesos, que 2 000. En el mercado informal está sobrevalorado. En el campo, infravalorado.

Los guajiros de la Cooperativa Hipólito Delgado lo saben, aunque en Guantánamo sean “expertos en la materia”. Desde Florencia, en Ciego de Ávila, se fueron  entusiasmados a la Eladio Machín, de Cumanayagua y “cuando llegaron, ninguno de  los granos que llevaban, clasificaron. No tenían ni tercera calidad y para exportar o recibir MLC tiene que ser de primera”,  rememora Edenio Hurtado González, especialista de café de la Empresa Agroforestal de Ciego de Ávila, una provincia llanera donde no hay tradición, ni experiencia. Los guajiros de la Hipólito podrían ser los guajiros de cualquier otra CPA.

Además, tampoco ha habido incentivos.

“Imagínate que por recoger una lata a veces te pagaban  120 pesos, allá en las lomas. Encima, con todo el reordenamiento los precios no subieron como se esperaba. Hoy, después de beneficiado el café Robusta, el de primera,  se paga a 100 pesos el kilogramo. Y el Arábico a 119. Antes, el Robusta era a 46 y el Arábico a  70.  En otros cultivos los precios se incrementaron mucho más, mientras que aquí hablamos del doble, más o menos”.

Edenio Hurtado González, especialista de café de la Empresa Agroforestal de Ciego de Ávila.

Sin embargo, está consciente de que el desestímulo del campo está aparejado al abandono  de los cafetales, al mal trabajo, el desconocimiento, el clima, la falta de fuerzas…. Una cosa  llevó a la otra, pero ¿en qué orden los factores alteraron el producto? 

¿O en qué punto, por ejemplo, se decidió poner más alto el precio de compra al productor primario, que el de las ventas de las procesadoras de café a los diferentes destinos?  El desajuste entre los cafetales y lo que podían cobrar las procesadoras al venderle a Cubaexport, al consumo nacional, a Cimex o a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, generó más de 500 millones de  pesos de pérdidas.

Con esa noticia nos adentrábamos en el 2022. Un reportaje desde Artemisa citaba a Legrá Calderín con la elevadísima cifra. Y aunque el directivo aseguraba que estaban en función de resolver el asunto, para entonces ya la cadena de valor se había dañado. La solución,  obviamente,  no descansaría en reducir el precio en los cafetales (de por sí bastante bajos), sino en aumentar el del precio de venta de las procesadoras. ¿Significará entonces que los consumidores podrían pagar el café más caro?

Futuro ¿espresso?

Si bien los cafetales más enjundiosos germinan en Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo y Holguín,  responsables del 90 % del grano, y en menor medida aparecen Sancti Spíritus, Cienfuegos y Villa Clara, con el 7 %, el futuro, aseguran los directivos, descansa también en el llano.

Miguel Ángel Arregui Martínez, presidente del Grupo Empresarial Agroforestal del Ministerio de la Agricultura lo aseguraba al semanario comercial Opciones. Matanzas, Mayabeque, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas y la Isla de la Juventud tendrán café.

Es comprensible si asumimos que de las lomas muchos han bajado persiguiendo el desarrollo de las ciudades. Solo que bajar hasta el llano implicará también dotar a los “llaneros” de una cultura que habitaba, fundamentalmente, en las alturas, a metros sobre el nivel del mar, una cualidad que suma puntos a favor del café exportado.

La realidad, arriba o abajo, sigue siendo tan amarga como un café sin azúcar. Venimos de un récord productivo de 60 330 toneladas en 1961 y hoy no alcanzamos las 10 mil.  

A ese ritmo, tomarse un café será (y es) casi un lujo. Sea en Cafetalex donde se reverencie nuestra historia, o sea en casa, donde se siga la tradición.

Lea aquí cómo se las ingeniaron los emprendedores camagüeyanos

Las medidas ofrecían insuficientes garantías a los primeros, mientras protegían en gran medida las rentas y cargos de los segundos.

Aunque los efectos dañinos se notaron más con la situación actual;  desde su renacimiento, el sector privado se ha caracterizado por la desprotección laboral, los vacíos regulatorios y las políticas asimétricas. Las normas relativas a la maternidad conformaban una parte de este patrón de desigualdad y la amplitud de las garantías dependía del régimen de seguridad social y sector al que las mujeres pertenecían.

Las trabajadoras por cuenta propia (tcp) se encontraban entre las madres con peores condiciones: solo podían obtener 18 semanas de prestación económica, sin que la Ley exigiera la obligatoria incorporación al empleo anterior, después de transcurrido un año. Además, para disfrutar de la retribución era indispensable que la cuentapropista hubiera contribuido a la seguridad social los 12 meses anteriores al inicio de la licencia.

Tampoco existían instrucciones explícitas para programar vacaciones, y las horas de trabajo podían sobrepasar las 8 horas sin que existieran  mecanismos de flexibilidad para ellas. De este modo se incrementaban las barreras al acceso de empleos mejor remunerados. Y como suelen ser las principales responsables de las tareas domésticas y de cuidados, pues el poco tiempo disponible, conspiraba contra su inserción en los negocios privados.

Todo lo anterior pudieran ser elementos que expliquen el escaso número de mujeres con licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia. En el 2020, apenas representaban el 35 %. 

Y aunque desde el 2017 el Ministerio de Finanzas y Precios aplica bonificaciones tributarias–  reducción del 50% del impuesto sobre ingresos personales- a las madres cuentapropistas  que tengan 2 hijos o más, menores de 17 años, no ha sido suficiente apoyo o incentivo para tener descendencia en un contexto como el anteriormente descrito.

Las condiciones para la maternidad de las tcp contrastaban con las garantías de las madres del sector estatal, las cuales disfrutaban de licencias remuneradas por un año y contaban con disposiciones para distribuir equitativamente los cuidados de los hijos con el padre y otros familiares. Para ejercer el derecho al cobro de la prestación económica la Ley solo les exigía  que hubieran trabajado un mínimo de 75 días, en los 12 meses previos a dicha garantía.

Además, les permitía durante el embarazo el cambio temporal del puesto de trabajo sin afectaciones a sus ingresos, si este les provocaba algún perjuicio a la salud. Las normativas también reconocían una serie de licencias complementarias retribuidas y no retribuidas, así como tratamiento diferenciado para las familias con niños que requirieran atenciones especiales.

La reestructuración del sector privado y cooperativo, que comenzó a mediados del año pasado con nuevas normativas, ha significado también un intento de transformar el trato diferenciado hacia la igualdad de derechos de los trabajadores de todas las formas de gestión y propiedad. En esa posición se ubica el Decreto-Ley 56  “De la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias”, publicado y puesto en vigor en diciembre del 2021. Pero, ¿qué beneficios les brinda a las madres trabajadoras autónomas, contratadas o socias de cooperativas/mipymes? ¿En qué aspectos continúan las desventajas, respecto al sector estatal?

Síguenos el paso que, a continuación, te resumimos los elementos más importantes:

• Licencia por maternidad: La cesación laboral en este periodo es de obligatorio cumplimiento por los empleadores e incluye una prestación económica, equivalente al promedio de la base de contribución por el que aportó a la seguridad social los 12 meses previos a obtener la licencia. Si es trabajadora contratada, el monto se calcula promediando los salarios percibidos, correspondientes al mismo periodo de tiempo.
• Si la madre no puede trabajar durante el embarazo, debido a problemas de salud asociados, se le paga el promedio de la base de contribución hasta que comience el periodo de licencia.  
• Prestación social: Cuando termina la licencia por maternidad, la madre, el padre o uno de los abuelos que se dedique únicamente al cuidado del bebé, tiene derecho a cobrar una cuantía hasta que cumpla el primer año de vida. La asistencia se compone por el 60 % de la prestación económica de la madre. Otra opción para la madre es incorporarse al trabajo remunerado y compaginarlo con periodos exclusivos de cuidados bajo el resguardo de dicha prestación. El pago de las prestaciones – que nunca serán inferiores al salario mínimo- las regula y ejecuta el Instituto Nacional de Seguridad Social.
• Para acceder a ambas prestaciones se requiere que la madre haya contribuido a la seguridad social los 12 meses previos a la fecha de inicio de la licencia por maternidad. Si en este periodo se encuentra exceptuada de contribuir a la seguridad, por enfermedad o accidente, se le considera como tiempo de contribución para que pueda acceder a la prestación económica. Sin embargo, las madres del sector estatal obtienen ventajas, pues la Ley solo les exige estar vinculadas laboralmente al momento de obtener las licencias y reciben la misma cuantía sin importar el tiempo de trabajo previo. Por tanto, esta característica genera brechas de acceso a los derechos entre madres de un sector y otro.
• Cuando las madres o familiares encargados del cuidado del bebé tienen más de un empleo remunerado, pueden obtener prestación económica y social por cada contrato de trabajo.
• En caso de que la trabajadora fallezca durante el parto o en el periodo de licencia, el padre u otro familiar -con empleo remunerado- que asuma los cuidados del menor tiene derecho a las prestaciones que le hubieran correspondido a la madre, con independencia de la pensión por causa de muerte.
• Licencias complementarias: Durante el embarazo y antes de acogerse a la licencia de maternidad pueden tomar 6 días y 12 medios días sin descuento salariales para asistir a consultas médicas.

Una vez nazca el niño y hasta el primer año de vida, la madre que se haya incorporado al empleo puede disfrutar de una hora diaria, retribuida, para la lactancia materna y un día de licencia retribuida, al mes, para consultas médicas.

Si la madre es socia de una cooperativa/mipyme o trabajadora por cuenta propia recibe una prestación monetaria.

Asimismo pueden solicitar licencias no retribuidas para cuidados –con periodos que oscilen entre 1 semana y 6 meses- hasta que el hijo cumpla los 17 años de edad. Si las ausencias son debido a enfermedades del hijo pueden recibir una prestación monetaria, de igual monto que la prestación social. Este derecho también puede ser ejercido por los abuelos.

La normativa aprobada es audaz y avanzada porque amplía los derechos de las madres trabajadoras y permite la responsabilidad compartida de los cuidados entre los miembros de la familia. Sin embargo, no servirá de nada si no se establecen mecanismos de supervisión y fiscalización que exijan su complimiento.

Asimismo, mantiene ciertas limitaciones: no hace explícita la imperativa reincorporación de las madres contratadas en el sector privado a su puesto laboral después del periodo de licencia y no les garantiza licencias extensivas en caso de que el hijo presente algún tipo de discapacidad.

Las críticas no se quedan ahí. Aunque esta Ley es nueva, también es perfectible y podrían transformarse algunos de sus elementos con el fin de hacer más extensivos los beneficios sociales.

¿Hacia dónde deberían ampliarse los derechos?

Las garantías que ofrece el Decreto-Ley a las familias para el cuidado de los niños se producen por la posición laboral de la madre, que debe ser obligatoriamente trabajadora. Es recomendable extender derechos, como las prestaciones económicas, a las madres que desarrollen trabajos informales y domésticos, pues el mecanismo actual profundiza la dependencia económica de las mujeres y la desigualdad respecto a los hombres. También es una vía para igualar las condiciones de vida de las familias con niños pequeños y garantizar cuidados dignos.

A pesar de establecer 9 meses para que madres y padres compartan de forma equitativa los cuidados del bebé, es previsible que los segundos no hagan uso de esta oportunidad, debido a  patrones culturales. En el 2015, cuando solo los padres pertenecientes al sector estatal tenían este derecho, se acogieron a las licencias 125 hombres en todo el país.

Establecer una licencia o permiso parental retribuido que sea intransferible e individualizado después del parto por varias semanas, constituye una forma para motivar a los hombres en el cuidado y educación de sus hijos. Esta es una práctica que ha demostrado efectividad  en varios países.

Otras medidas para conciliar el trabajo remunerado, los cuidados y la corresponsabilidad familiar -como la creación de los servicios para niños menores de 1 año y la flexibilización de la jornada laboral- requieren esfuerzos mayores y transformaciones estructurales.

Fabián Menéndez García se vio un día yendo a trabajar para jugar dominó. La sede de su trabajo había entrado en reparación y los días estaban pasando, así sin más, hasta que un día decidió dejarlo y emprender por su cuenta. Antes se había graduado de carpintería en la escuela taller Gaspar Merchor, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

Junto a un amigo, que ya no vive en Cuba, fundó su taller en un pequeño espacio y comenzó a hacer sillas y ventanas. Hoy ese taller se llama FAMEGA, cuenta con un local de 500 metros cuadrados y varios trabajadores que han fabricado mobiliarios para bares y restaurantes, y establecido contratos con la cadena Islazul.

En medio de todo hacen también productos para facilitar el cuidado de adultos mayores y mejorar su calidad de vida.

A través de estudios y estadísticas que tenía su padre geriatra, ambos identificaron “la poca disponibilidad de  las instituciones del gobierno de las llamadas ayudas técnicas, dígase bastones, andadores, sillas sanitarias, etc.”, cuenta Menéndez García a El TCP.

La solución que encontraron fue empezar a desarrollar todos estos productos con madera, lo cual de por sí supone un reto enorme, debido a que la mayoría de este tipo de dispositivos en el mundo son maleables, ajustables y fáciles de trasladar. Fabián y su padre buscaron, entonces, diseños, medidas e información, para fabricar todo de la manera más ligera y fuerte posible.

Y aunque FAMEGA está hoy conversando con hogares de ancianos y religiosos para acercar estas ayudas técnicas, y existen muchos interesados, entre ellos un proyecto de la Cooperación Europea, las trabas no están lejos.

Según el trabajador por cuenta propia Menéndez García persisten problemas para encontrar los mecanismos de pago:

“Eso se hace engorroso. Una de las primeras trabas aparece cuando los posibles clientes nos dicen: ´sí ¿y cómo yo les pago? ¿cómo ustedes me facturan?` Hay mucho temor todavía. La gente no está bien decidida”.

De igual modo, el precio de sus productos se ve encarecido, pues todas las materias primas que utilizan son importadas. Hay instituciones, empresas y clientes que se han retractado por la imposibilidad de pagar el monto actual.

FAMEGA, ubicado en Luyanó, ha intentado emplear madera nacional, pero “son tantos los inconvenientes que por 200 más la compro importada, que es madera seca, estable y lista para elaborar. La madera que nos dan es verde, tenemos que ponerla a secar nosotros, ir hasta la península de Guanahacabibes a buscarla y pagarla en MLC. A veces no me dejan ni seleccionarla, me mandan un camión pa acá y no sé qué madera es la que hay”, explica.

Dueño de su taller desde los 27 años, ahora está esperando a que “la Ley esté un poco más madura, y estemos más claro de lo que queremos” para dar el paso y convertirse en mipyme.

Mientras… en otro punto de la ciudad

Lo que empezó con un carro roto, terminará siendo uno de los proyectos de desarrollo local más ambiciosos de La Habana. Parecería una profecía, pero no lo es. En proceso de transformar un parque para los skaters cubanos, Frank Carlos Porras es, desde el pasado 27 de diciembre, el coordinador del proyecto Entimbalao.

Con acciones previstas para un periodo de 10 años, el proyecto trabajará en cinco esferas (transporte, cultura, deporte, alimentación y construcción) con el objetivo de generar calidad de vida y favorecer al municipio Plaza de la Revolución y, en específico, a la comunidad de la Timba.

Desde hace un tiempo Entimbalao, un taller automotriz legalizado como trabajador por cuenta propia, patrocinaba el Club VOLKSWAGEN Escarabajos de La Habana, un proyecto enmarcado dentro de un grupo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) provincial para fomentar la recreación sana en los amantes del mundo automovilístico.

La experiencia y “las ganas de comerse el mundo” de Frank le han permitido soñar y hacer. De entrada, la dirección de Comunales del municipio le ha cedido al Proyecto, en términos de guardia y custodia, el conocido como el parque de las patinetas, ubicado en 31, entre Paseo y 2. El objetivo es crear “un espacio de entrenamiento para futuros skaters que puedan llegar a representar a Cuba, incluso en una modalidad olímpica. Se trata de un deporte que tiene muchos seguidores y cuenta con una tradición que data en nuestro país de 15 años”, cuenta Carlos Porras a El TCP.

Para ello, han creado una alianza con el Inder, que facilitará profesores,  metodología, asesoramiento y las vías para que no sea solo un proyecto local, si no que pueda tener una repercusión mayor.

En estos momentos el parque, aunque se mantiene abierto, se encuentra en construcción, incluso con la participación de los propios skaters.

Carlos Porras también sueña con la posibilidad de que el taller Entimbalao funcione como un aula teórico- práctica en una de las áreas que le sean otorgadas al proyecto para dar clases a jóvenes de la comunidad. En la esfera de la construcción, su objetivo es funcionar como coordinador de todo el potencial de albañiles y carpinteros que vive alrededor.

A largo plazo, perfila también pequeños proyectos de alimentación. Por ejemplo, colocar “dispensadores de alimentos y carritos de comida distribuidos en la comunidad, pero que funcionen centralizados desde un centro de elaboración que les garantice los suministros”, cuenta este soñador  que un día, cuando se le rompió su auto, pidió un crédito al banco para fundar su taller.

No quedan dudas de que Entimbalao dará mucho de qué hablar este año.

Educa y Salva: el bienestar animal

El año pasado en Cuba fue noticia la aprobación del decreto- ley de Bienestar Animal. Hace unas semanas, en el municipio Plaza de la Revolución, se aprobó el primer proyecto sobre este tema y Yanelys Cabrera fue la persona detrás de la idea de concientizar a niños y jóvenes en este cuidado.

Educa y Salva se hace sustentable gracias a expoventas y donaciones, donde participan, ahora mismo, más de 15 emprendimientos que ceden al proyecto de desarrollo local un por ciento de sus ventas, según acuerden.

Estos fondos -explica Cabrera- se destinan a diferentes tipos de ayuda. Por ejemplo, apoyo a cirugías, transporte, refugios y, sobre todo, ayuda a los grupos de protección animal.

Pronto contarán con un local, en el cual realizarán “actividades con los niños los fines de semana donde participarán los grupos de protección animal haciendo ferias de adopciones y desparacitaciones de los animalitos, entre otras”.

“También podremos hacer recaudaciones, el grupo es como un centro que apoye a otros. No todo es dinero, hay muchas vías”, añade.

Aunque el proyecto está circunscrito a la comunidad  ubicada en Panorama, entre San Pedro y Lombillo, en Nuevo Vedado, si existen casos en otras localidades, que lo ameriten, el proyecto los apoya. Yanelys Cabrera es protectora activa hace más de cinco años y su sueño es que Educa y Salva sirva de guía y ejemplo para otros proyectos similares en el país.

¿Conoces otros proyectos así en Cuba? Pásate por nuestras redes sociales y déjanos saber. Cuando el ingenio por cuenta propia une fuerzas y es apoyado por instituciones, pueden surgir grandes cosas.

Tres meses después de registrarse la primera MIPYMES en Camagüey, 17 negocios de esa denominación expusieron sus servicios, productos y prestaciones junto a 12 Proyectos de Desarrollo Local y 23 empresas estatales. 

La provincia se ha propuesto visibilizar los servicios que brindan estos nuevos actores económicos y para ello organizó la Primera Feria de Emprendimiento.

• Lee aquí lo que te contamos sobre el Bazar habanero hecho por y para emprendedoras

La voluntad de las autoridades gubernamentales camagüeyanas es potenciar las contrataciones entre los diferentes actores económicos para que, realmente, estén en igualdad de condiciones. En la ronda de negocios que sesionó el pasado sábado, se firmaron más de 50 intenciones de contratos entre los participantes y representantes del sector turístico que operan en los cayos del Norte del territorio. Varias de estas rúbricas supondrían sustitución de importaciones, algo que el gobierno cubano ha pedido al sector estatal que adopte como política. 

Renova, una de la MIPYMES ganadoras del gran premio, ofrece la instalación de kits energéticos a empresas y particulares, lo que anteriormente se pagaba a compañías extranjeras. Especializados en sistemas que aprovechan las energías renovables, sus servicios podrían garantizarles a las instalaciones hoteleras una relación responsable con el medio ambiente y un consumo rentable de energía, fuente de entusiasmo para su director general, Roberto Medina. 

Eduardo Peláez, representante del Proyecto de Desarrollo Local Vitroarte, dijo a ElTCP que sus lámparas y vitrales ya “adornan el entorno de hoteles de la Cayería Norte de las provincias de Ciego de Ávila y Villa Clara, pero la oportunidad de hacerlo ‘en casa’ resulta invaluable. Estamos en pleno crecimiento de nuestras capacidades productivas y los acuerdos que logremos aquí estarán incluidos en esa proyección a corto plazo”.

Ellos podrían insertar sus obras en algunas de las más de 25 000 habitaciones que proyectan para 2030 las partes involucradas en la expansión turística de los cayos Cruz, Mégano Grande, Guajaba y Sabinal. Un grupo de asesores francés y representantes de las constructoras cubanas, visitaron varios stands y encontraron posibles soluciones para sus diseños. 

El negocio ABG, especializado en automática, electricidad y electrónica, ya logró acuerdos con empresas estatales como la de Bebidas y Refrescos para reparar e instalar sistemas que garantizan mejores rendimientos productivos. Según su CEO Álvaro Basulto, “este tipo de encuentros ayudan a todas las partes a abrir sus horizontes de negocios. No solo visibiliza a los privados, nosotros también descubrimos oportunidades y en dos días las relaciones públicas se multiplican. ABG ofrece alta tecnología que anteriormente el sector estatal gestionaba de manera centralizada y ahora las entidades ven la posibilidad de resolver sus problemas técnicos sin salir de la ciudad”. 

Y es que uno de los retos del actual panorama económico nacional es que se derrumben los frenos estructurales del sistema empresarial que limitan la contratación de servicios o la compra de productos provenientes del sector privado. Crear puentes de confianza hacia los particulares, también fue la tónica que se vivió este fin de semana en los salones del Centro Cultural Recreativo Casino. 

Maidú Quiroga, directora de la Oficina de Desarrollo Territorial del Gobierno, catalogó de provechoso el encuentro, pues brinda a los emprendedores locales la posibilidad de cerrar pactos para expandir sus operaciones. Además de abrir nuevos puestos de trabajo, el éxito de cada empresa supondrá progreso para las comunidades en sus enclaves. 

Pastelería y catering; cultivo y distribución de productos agrícolas; instalación de tecnologías y software; producción de muebles o cosméticos… Así de diversa resultó la cartera de productos y servicios que los emprendimientos de Camagüey ofrecieron a su entorno más cercano y los resultados en materia de contratos, muy esperanzadores.

Este tipo de iniciativas comerciales deben organizarse frecuentemente en el futuro, pensando incluso en la exposición al mercado nacional e internacional. 

La noticia ya es hasta “vieja” porque hace unos meses circuló: se autorizó que entidades financieras brindaran fondos al sector privado y cooperativo, incluso en moneda libremente convertible (MLC).

Aquí también te lo habíamos contado

Quienes desearan montar un negocio o aumentar las inversiones de su emprendimiento ya no tendrían, necesariamente, que echarle mano a sus ahorros, vender objetos valiosos, esperar por una remesa… Fue una excelente noticia, sin dudas.

Sin embargo, también fue…y es complicado. El otorgamiento tiene varias limitaciones y requerimientos peliagudos y antes de que apuestes por ese camino, aquí en el TCP, queremos ponerte “las cartas sobre la mesa” utilizando la información oficial disponible, los estudios académicos y testimonios de implicados.

A pesar de que las políticas crediticias dirigidas al cuentapropismo cuentan con una década de implementación, aún son muchas las trabas que impiden al sector privado utilizar estas alternativas como fuente de financiamiento. Si bien podrían señalarse experiencias positivas en algunas provincias, no han constituido generalidad en la realidad cubana.

Destacados académicos como Francisco Borrás, Jorge González, David Pajón y Jessica León han realizado estudios que identifican diferentes causas en las exiguas relaciones entre la banca y dichos actores económicos. Te listamos algunas de las que sobresalen.

• Escasa información sobre las ofertas bancarias existentes, sus requerimientos y vías de acceder a ellas.

• El hecho de que solo aspiran al financiamiento quienes tengan una licencia para ejercer la actividad económica, lo que indica que las personas precisan de un capital inicial para emprender, antes de pedir fondos. Este requerimiento excluye a quienes tengan buenas ideas de negocio y habilidades para emprender, pero no cuenten con los recursos imprescindibles para empezar.

De este modo solo pueden trabajar de forma autónoma las personas que posean ventajas en su capital económico, cultural y relacional; lo que acrecienta las desigualdades y obstruye oportunidades a grupos discriminados y marginados.

• Además, los productos financieros están diseñados de forma homogénea para negocios y personas que realizan actividades en diferentes zonas geográficas y sectores de la economía, con disímiles niveles de ingresos, capacidad de pago, entre otros. No tienen en cuenta las necesidades, asimetrías y puntos de partida de cada cliente.

• El proceso de solicitud y otorgamiento regularmente es largo y complejo. Para solicitar el financiamiento se requiere la presentación de varios documentos: carné de identidad, documento oficial que autoriza la realización de la actividad económica, estados financieros o registro de control de ingresos y gastos, modelo de solicitud del financiamiento, entre otros.

• Asimismo, los emprendimientos son sometidos por el banco a un proceso de investigación de sus cuentas contables, operaciones, fuentes de ingresos, factibilidad, capacidad de pago, entre otros aspectos que, en conjunto, provocan desincentivos.

• También se exigen garantías como una forma de asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte del solicitante. Entre ellas se incluyen fiadores solidarios -personas que asumirán tu deuda en caso de que no puedas pagarla- , cesiones de derechos, hipotecas de viviendas de veraneo, joyas, obras de arte y otros bienes patrimoniales.

Sobre ese tema, un directivo de una sucursal del Banco Metropolitano -que ha preferido quedar en el anonimato, explicaría que “hace varios años los TCP podían pedir hasta 20 000 pesos en créditos sin que se les exigiera garantías, pero comenzaron los incumplimientos y el banco tomó la determinación de no dar más préstamos sin garantías”.

Nuevas fuentes de financiamiento

Tanto para las cooperativas no agropecuarias (CNA) como para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) se ha establecido el mismo procedimiento para el otorgamiento de préstamos en pesos cubanos, codificado en la Resolución 213 del Banco Central de Cuba.

Los interesados deben hacer la solicitud en la sucursal bancaria donde opera su cuenta corriente, refiriendo la necesidad de capital de trabajo inicial, capital de trabajo o realizar inversiones. En cualquier caso, la cantidad de dinero que pida prestada podrá recibirla en varias partes, pero comenzará a pagar los intereses en cuanto le entre a su cuenta el primer centavo.

De igual forma, deben realizar un largo papeleo: documento del representante, expediente de constitución, modelo de solicitud con la factibilidad del negocio, ingresos estimados, mercado potencial, cronograma de pagos, así como estados financieros, flujo de cajas y otros documentos que exija el banco.

La institución financiera evaluará los riesgos teniendo en cuenta varios factores, como el objetivo del crédito, la capacidad de pago y las garantías, que son exigidas en todos los casos.

Hasta ahí la teoría, a grosso modo.

En la práctica, por ejemplo, la fuente consultada en el Banco Metropolitano reconoce que en la sucursal donde trabaja nadie conoce con exactitud cómo tramitar los créditos a MIPYMES. Y llama muchísimo la atención un detalle que narra.

“El dueño de la empresa debe mostrar contratos que ya tenga firmados que asegure que tendrá entradas de dinero para pagarnos”. Lo dice, a sabiendas de que se trata de un negocio que acaba de empezar, y que debe tener, por tanto,  muy pocos ingresos o ninguno. Pero alega: “¿cómo vamos a prestar sin tener la seguridad de que nos van a devolver? No sé cómo sería porque este tipo de créditos debe devolverse en un año”.

Las normas también estipulan que la entidad financiera chequeará al deudor. De ahí que los bancos efectuarán seguimientos para verificar la utilización de los recursos.  Eso significará  que si se solicita dinero para maquinaria, por ejemplo, no podrá utilizarse en pagar salarios. Además, cuentan con la posibilidad de suspender la entrega de una parte del préstamo si cambia la situación financiera o se viola alguna disposición del contrato.

¿Y la otra moneda?

Para la obtención de créditos en Moneda Libremente Convertible (MLC) se contacta con la Financiera Iberoamericana S.A y un nuevo organismo que comenzó a operar a partir de diciembre: Financiera Microcréditos S.A. No obstante, todavía no están claras cuáles serán las prioridades y las condiciones para el otorgamiento, en el caso de la Iberoamericana.

Sobre la Financiera Microcréditos sí se ha emitido mayor información oficial. Será la encargada de otorgar pequeñas cantidades de capital a prestatarios que deberán retornarlas en periodos de tiempo, bastante reducidos. Aunque tiene potestad para prestar tanto en MLC como en Moneda Nacional, el otorgamiento en MLC estará sujeto a determinados requisitos y contarán con poca flexibilidad, pues los fondos solo estarán disponibles para trabajadores por cuenta propia, MIPYMES y CNA que realicen  exportaciones, ventas a las cadenas de tiendas en la misma moneda o a la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Dichas medidas han desatado polémicas en las que los cuestionamientos más frecuentes están relacionados con los plazos para devolver el dinero, el pago de los intereses y las condiciones para obtener recursos.

De hecho, la prohibición de efectuar importaciones con los microcréditos elimina una fuente de financiamiento para aquellos actores que requieran insumos o maquinarias específicas que no se encuentran en el entorno cubano.

Por otro lado, pone en desventaja a los que producen o brindan servicios para el mercado doméstico, y de igual forma demandan inversiones en MLC para arrancar o sostenerse.  Estos emprendedores tendrían que acudir al mercado informal a comprar monedas extranjeras, bajo tasas de cambio elevadísimas, no reconocidas oficialmente, que incrementan sus costos, crean incentivos para el aumento de los precios y los obligan a operar en un ambiente de ilegalidades.

¿Es este un buen mecanismo para reducir la inflación y fomentar la transparencia? Parece que no.

No obstante, no todo está perdido para quienes no exportan y no puedan acceder a los fondos institucionales de MLC. La Resolución 222/2021 del Banco Central de Cuba permite que las cuentas en MLC de los cuentapropistas, MIPYMES y CNA reciban  financiamiento a través de remesas o ahorros externos, bajo la forma de transferencias bancarias externas, no vinculadas a operaciones y transferencias de FINCIMEX.

Sin embargo, este es un mecanismo que beneficia solo a una parte de los emprendedores: quienes poseen ahorros en instituciones financieras extranjeras o tienen familias y amigos que residen fuera de Cuba con capacidad para enviar ayudas. ¿Qué sucede con el resto?

En esencia, se estanca el desarrollo.

Y aunque la regulación también avala transferencias de cuentas con respaldo en CL (carta de liquidez) de otras empresas e instituciones, es probable que no sea una vía utilizada por muchas empresas, pues este es un mecanismo centralizado con el que las empresas estatales priorizan las importaciones.

Las reglas del juego para el sector privado y cooperativo establecen que las ventas de bienes y servicios de las formas de gestión no estatal a personas jurídicas cubanas se realicen en pesos cubanos, excepto los contratos con entidades de la Zona Especial de Desarrollo Mariel y cadenas de tiendas en MLC que pueden realizarse en la moneda virtual (MLC).

Amén de que no se permiten los depósitos , sí se admiten las transferencias bancarias desde las cuentas MLC de otras MIPYMES, cooperativas, formas asociativas, personas jurídicas extranjeras y personas naturales.

La cuestión negativa es que si una persona natural (titular o socio de una MIPYMES, por ejemplo) transfiere desde su cuenta personal en MLC a la cuenta de su MIPYMES, esa acción se contempla como una donación que va a la contabilidad empresarial -por tanto se incluye en las cuentas de ingresos-, que aumentan las utilidades y son objeto de tributo. En el mundo ideal estas transferencias deberían considerarse como un incremento de capital libre de impuestos, pero ese mundo no lo tenemos ahora.

Dichas operaciones ya han sido utilizadas por socios de algunas MIPYMES, para dotar de MLC sus respectivas organizaciones. Así lo han confirmado miembros del grupo MIPYMES-BANMET -en la red social Telegram-, el cual es gestionado por el Grupo Oficial del Banco Metropolitano.

De alguna manera las dudas y sugerencias apuntan directa o indirectamente a la necesidad de  operar con MLC en medio de una  economía –parcialmente dolarizada – Por tanto, urge la creación de alternativas de financiamiento en MLC.

Y con ello se deberían, de paso, diversificar los productos financieros con diseños flexibles, que establezcan condiciones diferentes para enfrentar la devolución de los créditos y estén acorde a las necesidades de los emprendimientos.

Tramitar un préstamo tendría que ser siempre un camino al desarrollo y las posibilidades, nunca al estancamiento o la incomprensión.

No se trata de un nuevo tomo de las aventuras de Harry Potter, aunque la trama que se teje desde la burocracia del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) parece salida de la imaginación de la escritora británica J. K. Rowling y no de funcionarios prestos a facilitar la creación de las necesarias pequeñas y medianas empresas privadas en Cuba.

Cuando llegaron las primeras informaciones a nuestra redacción sobre una supuesta prohibición del MEP de aprobar los proyectos con nombres en idioma inglés, supusimos que se trataba de un error, pues entre las primeras aprobadas en el país tuvo repercusión mediática una llamada Pyxel Solutions. Lamentablemente, era noticia cierta.  

Tras leer algunas denuncias en redes sociales, comprobamos que en los últimos listados de actores económicos aprobados figuran todo tipo de nombres y siglas, pero ninguno en inglés.

Entre los que sufrieron la prohibición en las últimas semanas está Idriel Rodríguez Monteagudo, un emprendedor que soñaba con que su negocio de mantenimiento y defectación de automóviles se identificara a los lejos por un cartel que dijera: Masterbright.

Su establecimiento —muy popular en el centro del país por prestar servicios de limpieza y reparación de carros—, está ubicado a 100 metros de la carretera central en el municipio Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus. Ahora solo podrá llamarse MB.

“La idea del nombre me surgió porque yo viví diez años en Islas Caimán, incluso uno de los socios de la empresa es un caimanés con residencia permanente legal en Cuba y allá tenemos excelentes relaciones comerciales. Por eso quise combinar master, un vocablo que en español denota un nivel superior, y bright, que significa brillante en inglés. Nos parecía ideal y pensamos que no tendríamos problemas porque sobran los ejemplos de empresas estatales o privadas con nombres compuestos de ese tipo o solamente en inglés. Sin embargo, y pese a tener certifico de solicitud de marca, nos denegaron esa posibilidad”.

Luego encontramos a Julio Smith, un licenciado en Economía que además de llevar su negocio por cuenta propia ofrece consultoría y servicios de contabilidad a varias MIPYMES en la capital, y chocó recientemente con el nuevo muro idiomático.

–Hacer una mipyme en Cuba, ¿fácil o difícil?

“Dos de los proyectos de mis clientes resultaron rechazados por sus nombres en inglés, incluso cuando uno de ellos ya tenía la marca registrada. Al reclamar —pues no encontramos impedimento jurídico vigente—, nos explicaron que se trataba de una directiva interna amparada en el artículo de la Constitución de la República que declara al Español como idioma oficial”, nos contó.

Como ellos, otros socios han presentado justos reclamos, pues varios emprendimientos ya funcionaban con esos nombres antes de comenzar la conversión en MIPYMES, incluso, algunos habían sufrido este tipo de objeciones en otros ministerios.

Después de preguntarle a varios dueños de negocios sobre este tema, algunos prefirieron el anonimato por temor a represalias institucionales, dos de ellos nos confirmaron que sus procesos para convertirse en mipymes fueron detenidos hasta que no cambiaran los títulos de sus negocios.

“La historia nos repite como comedia lo que una vez fue tragedia”, nos comentó el Doctor en Ciencias Económicas Juan Triana Cordoví sobre esta nueva traba que recuerda errores del pasado, cuando su afición por la música de The Beatles era casi un delito.

Él considera que tomar como excusa la Constitución no tiene sentido, porque “el sistema legal cubano está ordenado de mayor a menor por la Constitución, las Leyes, los Decretos Leyes y los Decretos. Las llamadas ‘indicaciones’ no forman parte de ese sistema. Por lo tanto, si el entramado legal permite poner nombres en cualquier idioma a personas naturales (Yakelín, Leidy, Brayan, Johana) o empresas y lugares emblemáticos como Havana Club o Sloppy Joe , ninguna disposición interna de organizaciones o ministerios puede negar ese derecho”.

En un país en el que buena parte de la programación de la televisión pública es en inglés, y que siempre ha mantenido la puerta abierta para los vínculos con las naciones angloparlantes, incluyendo Estados Unidos, donde viven más de un millón y medio de cubanos, parece un contrasentido prohibir a los emprendedores ponerle nombres en inglés a sus negocios.

En este sentido, especialistas jurídicos ven una violación de lo que en derecho se conoce como trato nacional, un principio general que consigna que no se puede tratar de forma diferente a personas jurídicas nacionales y extranjeras. Por lo tanto, permitir que empresas mixtas o extranjeras se registren con nombres en otros idiomas y las privadas cubanas no, constituye una violación de una norma de la Organización Mundial de Comercio.

“Por otra parte, si pretendemos que estas MIPYMES se enfoquen a la exportación, tenemos que entender que los nombres en inglés son más vendibles en el mercado internacional. Confieso que me gustaría que todas tuvieran calificativos en español, pero no es posible si se pretende competir en el exterior”, agregó el también Profesor Titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.

Siguiendo esa línea de análisis, la licenciada en Lengua Inglesa y académica de la Universidad de Camagüey, Sayling Ley Valdés, considera que “se estaría perdiendo la utilidad del idioma para comunicar las intenciones y servicios del emprendimiento desde el nombre propio. Muchas de estas empresas necesitan atraer turistas y el inglés es una lengua universal. Incluso, si nos fijamos en el entorno comercial mundial, el uso de anglicismos como Car, Bar, Tours, Films, Brothers o Cell, está totalmente generalizado”.

Precisamente por ello, algunos CEOs han decidido seguir adelante con el registro de sus marcas y productos en la Oficina Cubana de Propiedad Industrial en el idioma de Shakespeare, aunque por obligación tengan que cambiar el título de la empresa a la lengua de Cervantes ante el MEP. Aunque el truco parece viable por el momento, la Máster en Ciencias Alina Escobar Domínguez, Profesora Auxiliar de Derecho de Propiedad Industrial de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, recomienda “exigir lo que está estipulado, pues desde el punto de vista de la propiedad industrial no existe argumento legal que prohíba el registro de marcas o nombres por proceder de determinado idioma.

“Un principio del derecho mercantil da la libertad a los socios de elegir la denominación de su negocio. La OCPI, en la cual trabajé durante más de 15 años, admite denominaciones en cualquier idioma siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el Decreto Ley 203 sobre marcas y otros signos distintivos que está vigente en Cuba y que contiene prohibiciones si el nombre va contra determinados principios, la moral o el orden público. En el Decreto Ley 46, que regula la creación de las MIPYMES, tampoco encontramos artículos que impidan la denominación en inglés. Estamos en presencia de la vulneración de una libertad de derechos. Las regulaciones cubanas obedecen a tratados internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y este tipo de intentos normativos nos alejaría de las buenas prácticas internacionales”, concluyó.

Según los expertos consultados, el único problema idiomático que se puede presentar en estos casos es que se presente documentación en otros idiomas, ante lo cual los funcionarios de los ministerios e instituciones siempre solicitan traducciones acuñadas. Ante esta contravención sin fundamento legal, todos los expertos académicos sugieren a las autoridades que la ejecutan que la levanten en pos del normal nacimiento y desarrollo de las MIPYMES cubanas. En el complejo panorama económico que vive nuestro país, que ha demandado aperturas y aceleración de procesos para potenciar los cambios que necesitamos como sociedad, no hay lugar para este tipo de medidas discriminatorias. Sería además un acto de coherencia hacerlo ya que el Ministro de Economía ha dicho públicamente más de una vez que el objetivo de esta política es poner en igualdad de condiciones a empresas estatales (incluyendo a aquellas que ya llevan nombres en inglés) y al emergente negocio privado.

Ojalá pronto la misteriosa indicación del MEP que ha dado pie a decenas de disgustos y a estas líneas desaparezca por arte de magia, como mismo llegó, y se convierta en un recuerdo de mal gusto.

Si un economista no necesita presentación en Cuba es Juan Triana Cordoví, un crack de la materia en la que se ha doctorado y un columnista que se ha vuelto muy popular no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. 

Sus ideas están aptas para estibadores del puerto y graduados de la Complutense, quizás también por cultivar la jocosidad de quien da su reino por un boniato y la perspicacia de quien escribe, Aprobado por omisión para celebrar la disección de tentáculos burocráticos.

Pero puede, al mismo tiempo, ser un politólogo entrevistado por El País sobre las elecciones en Estados Unidos, y un excelente orador en las aulas del Instituto Internacional de Periodismo. Sus conferencias y sus textos debieran ser (si no lo son todavía)  la “base material de estudio” de cualquier cubano que quiera, medianamente, entender el país donde vive. Porque, sobre todas las cosas, Juan Triana es un hombre que “no tiene pelos en la lengua”… ni en la cabeza, agregaría, tal vez, para suavizar las tensiones al resumir un año tan duro. 

De su mano hacemos un bojeo de las circunstancias en las que el emprendimiento despegó (y aterrizó) en el 2021 cubano, con mayores alas, aun cuando en la práctica ciertas dinámicas parezcan tijeras queriéndolas cortar.

Incluso, si se asume el 2020 como antecedente inmediato, pudiera albergarse la triste premonición de que muchas nacieron para morir. Prematuramente.

Con el superlativo de “muy” comienza Triana. “Muy difícil el contexto; el PIB del 2020 decreció mucho, casi un 11 por ciento, y ya había decrecido el año anterior. Eso es lo peor que le puede pasar a las empresas: una economía con bajo dinamismo de crecimiento”.

Con esa piedra en el zapato debían empezar a caminar los pequeños negocios, las mipymes, que necesitarían, en primer lugar, lo que ya no tenían; “una economía dinámica, que le abriera espacios y le permitiera aprovechar oportunidades”. 

Encima, tropezarían con fuertes restricciones externas, que pasan (y pesan) por no poder acceder a la divisa, los dólares y generan, por tanto, restricciones de oferta.

• Te contamos lo duro que ha sido el trabajo privado en 2021, aquí tres historias de cubanos luchadores que se agencian su suerte por cuenta propia.

Esto, a juicio del economista, modifica el lugar de las pymes en la economía, pues por lo general se habla de ellas sin entender que no son las mismas en Alemania y en Noruega, que en Latinoamérica, que su inserción en la economía es muy dependiente del sistema empresarial grande de esa economía. “O sea, las grandes empresas constituyen el motor que hala a las mipymes, y la tipología de esa economía determina la tipología de las mipymes que nacen y sobreviven.”

Eso tiene que quedar muy claro, recalca el doctor:

“Si no hay una economía con una presencia en el mercado internacional y muy bien insertada, pues costará mucho trabajo que las pequeñas empresas lo hagan. Y nuestro sistema empresarial tiene debilidades para insertarse en las grandes cadenas de valor, sobre todo, en las más dinámicas”.

Juan Triana, economista

Ni siquiera el mejor ejemplo es el más feliz, pues “nos hemos insertado muy bien en la del Turismo, pero estamos en la parte trasera de esa cadena, somos de los que menos aprovechamos el valor agregado; lo aprovechan más quienes organizan y manejan destinos, viajes, hoteles. En la del Habano y el ron, ahí nuestras empresas están, relativamente, bien insertadas.”

Sin embargo, no pasa igual con el sector biotecnológico que, siendo muy poderoso, considera, está muy manejado y controlado y aún no tiene fuertes alianzas internacionales como para insertarse sólidamente en cadenas de valor.  “Hay espacios que han intentado abrir sus empresarios y ejecutivos, cosas se han hecho con la India, con China… pero ahí es donde menos presencia tenemos de mipymes y también es un sector que se encadena poco con el resto de las sectores de la economía nacional”. 

De ese desafío ya te hablamos aquí en ElTCP.  Dijimos que los encadenamientos son un tren de oportunidades que muchos están dejando pasar.

Otra de las paradojas viene acompañada de un avance significativo: como nunca antes el país ha aprobado normas para darle mayor flexibilidad e independencia al sector empresarial cubano, sobre todo para eliminar viejas normas que trababan la relación entre estatales, empresas extranjeras, sector no estatal…pero, al mismo tiempo, “se han tomado tantas en tan poco tiempo, que han ocurrido dos cosas”, enumera Triana. 

-La primera es que se atropellan, y ese atropello genera muchas veces roce entre ellas mismas.

-La segunda es que han requerido de competencias para las que el sistema institucional cubano no estaba preparado. Las personas aún no han podido asimilar y tener esas competencias. Vas a un banco, por ejemplo, a abrir la cuenta de una mipyme y te encuentras con la buena voluntad y la demora de quien no sabe.

De eso, también, hablamos aquí. Tras una labor de investigación te contamos que el camino de TCP a mipyme no es tan fácil como lo pintan. 

Tales incongruencias no son menores si decimos que las regulaciones están hechas para ambos sectores (estatal y no estatal) y el no estatal, tildado no pocas veces de informal, genera ya alrededor del 33 por ciento del empleo en la Isla. Es un dato con el que, estimaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cerraría el año en Cuba y que permite ver con claridad el impacto de cualquier política que se trace.

Por eso llama la atención entre la coherencia de las medidas y sus propósitos. De ese acápite, lo primero que habría que atender… y cambiar, es el sistema impositivo, que ha tenido y sigue teniendo, un propósito recaudatorio muy fuerte y, por lo tanto, genera menos oportunidades.

“Esa filosofía tiene que cambiar para ambos. El estatal tiene que pagar un 35 por ciento sobre sus ingresos netos, antes de descontar las utilidades y, encima, esa misma empresa tiene que entregar el 50 por ciento de sus utilidades al dueño, en este caso, al Estado. Eso es un problema, ahí se le está haciendo un drenaje importante a las empresas cubanas. Igual sucede con las mipymes, los TCP, los PDL, aunque estos tienen mayores ventajas impositivas”. 

Con semejante “coletilla”, los incentivos que se emplean no son suficientes en diversidad ni en magnitud. Esa es una idea que el experto aterriza en lo local: “no tiene sentido gravar a todas las empresas con el mismo impuesto, porque para algo se han erigido como pequeñas, medianas y grandes”.

Para colmo, semejante igualitarismo económico le deja poco espacio a los gobiernos locales para adecuar su mundo empresarial a las características del municipio. Y en Cuba, admite Triana, hay municipios muy ricos y muy pobres:

“Entonces, un municipio con desventajas que quiere incentivar los pequeños y medianos negocios que generan riquezas, empleos… ¿por qué tiene que imponer el 35 por ciento? Creo que hay que dejarle a los municipios espacios para operar, para que diferentes impuestos incentiven, incluso, producciones de alimentos y exportaciones, por ejemplo”.

Juan Triana

“Habría que darles ventajas a las que son más importantes para nosotros, pero mientras el impuesto se determine centralmente…”. Los puntos suspensivos de Juan Triana Cordoví son elocuentes, dicen tanto como lo que ya han dicho sus palabras.

Es consciente de que quedan, todavía, muchos prejuicios ideo-políticos. Choca con ellos, le cuentan, es testigo: “todavía hay empresarios estatales que dicen que no van  hacer negocios con un TCP o una pequeña empresa, y lo dicen, además, porque ya lo  han sufrido. Cuando tienen relación con un TCP se convierten en sujeto de inspección, pues se sigue creyendo que los negocios privados son medio turbios. Por tanto, los empresarios que se arriesgan a tener esa relación se colocan en una franja gris de excesivos controles”. 

Tales rezagos se hacen acompañar de otras trabas, donde algo tan sencillo como un local donde trabajar resulta casi imposible, aun cuando existan en ese municipio locales abandonados. Pero… casi siempre hay un pero: no hay multa impuesta a quienes permitieron que ese local se deteriorara; ni un gravamen, todavía más alto, a quienes no quieren arrendarlo o entregarlos en licitación; ni hay facultades del gobierno para poder expropiarlos. 

“Tenemos al peor de los casatenientes, organismos que han dejado destruir y se niegan a que un inmueble que genera dinero, sea aprovechado”. 

Juan Triana podría emborronar cientos de cuartillas con tristes ejemplos del 2021 que le nublarían el horizonte al más optimista de nuestros economistas o políticos. A simple vista están, y ni siquiera en las profundidades del océano ha podido escapar  de las metáforas que le dibujan el modelo económico que intenta perfeccionar.

Un día, lo vio buceando. “Debemos seguir moviéndonos hacia un modelo que se parezca menos a un crustáceo y mucho más a un pulpo. Si te fijas en un pulpo, verás que sus brazos son muy flexibles, te va a parecer que hacen lo que les da la gana, pero habría que entender que su cerebro está en todas las partes de su cuerpo, con dos funciones muy claras: sobrevivir y reproducirse. Sus ocho brazos trabajan para eso, parece que están por su cuenta, pero están respondiendo a un único propósito”.

La costumbre de fin de año sabe a yuca con mojo, congrí y cerdo asado. La ensalada es circunstancial, porque no es el plato fuerte de la mesa, y a falta de tomates se busca una lechuga, sin mucho pesar. El vegetal podría variar, pero: ¿Y el resto del menú?

Adiós al paladar de diciembre. Adiós al 2021 que ya venía siendo más bisiesto que el 2020, con su saldo de muertes, encierros, estrecheces… y que llega a su fin con un menú que muchos digerirán con un sabor diferente.

No serán los platos típicos y comunes porque tampoco ha sido este un año típico y común. No es un secreto que la dieta diaria se ha servido más con lo que se pueda encontrar y pagar, que con lo que se quiera comer. Y el 24 con su noche buena y el 31 con su noche vieja no han sido excepciones.

Las causas de la escasez se cocinan en muchas direcciones y las estadísticas son, acaso, el mejor “entrante” para entender las ausencias en la mesa. Sin pretender “aguarle la fiesta” a nadie, echémosle un vistazo a los ingredientes. 

Cerdo: el pollo del arroz con pollo

Si se quiere entender la ausencia del cerdo, hay que partir primero de la ausencia del pienso. En junio de 2020 el entonces Ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero informaba que se debían casi 90 mil toneladas de alimento animal a los porcicultores.

La situación era ya tan caótica que las materias primas para los piensos que se producen aquí se habían reducido en más de un 50 por ciento, y tal estrago se hizo sentir en los porcicultores. Hay un dato muy ilustrativo en boca de Regla María Ferrer Domínguez, jefa de la División Tecnológica Porcina del Grupo Empresarial Ganadero: a mediados de 2020 de los casi 15 000 productores que producían el 92 por ciento de la carne que se demandaba nacionalmente, quedaban casi 6 000. 

Y la reducción del 40 por ciento de los porcicultores no podía derivar en otra realidad que no fuera la del 2021: un año con finanzas extenuantes donde fue imposible revertir esa tendencia decreciente e importar, al menos la mitad de lo que necesitaban los porcicultores.  

Aun cuando los especialistas instaran a sembrar el 40 por ciento de la comida para contrarrestar tales efectos, para entonces el abandono era ya una realidad y otras cuentas se ajustaban al bolsillo; sobre todo también por impuestos que, más que incentivar, estaban fijados para recaudar.

En consecuencia, los cerdos que quedaron en pie durante el 2021 comenzaron a entregarse cada vez más flacos y las empresas porcinas registraron caídas. En ese sentido, hay una referencia  imposible de obviar que adelantara el economista  Pedro Monreal en Twitter.

Hasta septiembre de 2021 la carne entregada a la industria se había reducido en un 34 por ciento, respecto a  igual etapa del año anterior. La serie histórica de la ONEI deja claro el descenso. Y este 2021 seguimos bajando!!!

Con tales antecedentes, la aspiración del Estado de garantizar mensualmente a cada habitante de la Isla 5 kilogramos de proteína animal, de ellos 2 de cerdo, es una utopía. Recientemente en el parlamento cubano se confirmó que era un desafío, y no hay dudas.

Si quedaba alguna, las ofertas de este diciembre, las saldaron. Al menos en Ciego de Ávila ni a 300 pesos-Moneda Nacional- se encuentra la libra; y no es este un dato local. Sancti Spíritus se comportaba muy parecido y en el Revolico habanero podía encontrarse, contra todo pronóstico, a 200 pesos.

Villa Clara, Holguín, Matanzas… la ausencia es nacional. Ni alcanza para todos ni todos pueden pagarla.

Frijoles: al grano del asunto 

Las onzas de frijol que llegan por la canasta básica no llegan a una libra y, por tanto, tampoco llegan a ser el potaje del mes, si acaso alcanzan para el primer fin de semana. O un poquito más si hacemos congrí. 

El resto del frijol tenemos que “montearlo” en los mercados de oferta y demanda, por la calle, porque habría que decir, primeramente, que el que producimos en Cuba y se entrega al Comercio Interior no alcanza ni para la cuota de la bodega, de ahí que el chícharo aparezca una que otra vez.

La serie histórica de la ONEI muestra claramente el descenso que nos trajo un 2020 con poco más de la mitad de lo que habíamos logrado en 2019.  A pesar de las predicciones de la Agricultura del pasado año, la ONEI oficializó sus datos en 65 mil toneladas, y eso es 5 000 toneladas menos de lo que Cuba ha declarado necesita solo para su canasta normada básica -70 mil toneladas-.

Las causas del bajón se explicaron en la reducción de las áreas (de 47 mil hectáreas previstas en 2020, sembramos 22 mil). De modo que la campaña de frío heló los pronósticos del 2020 y dejó casi congelada la de este 2021, de la que todavía no se tienen registros. 

Encima de ese descenso, casi la mitad de lo plantado el año pasado fue atacado por plagas que obligaron a demoler 13 mil hectáreas. Fue un arrase que se extendió por Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila.

Yojan García Rodas, Jefe de Departamento de Cultivos Varios, del Ministerio de la Agricultura, dijo que de las áreas sembradas, apenas el 8 por ciento recibió fertilizantes, mientras otro 16 por ciento solo se protegió con “una parte” de los pesticidas necesarios. 

No podíamos, entonces, comenzar (y terminar) este año de otra manera: a menor producción, mayor precio. Es una máxima del mercado que han aprovechado muy bien quienes cosecharon el grano a cuenta y riesgo y no entregaron, por tanto, sus quintales a la Agricultura (o cumplieron lo acordado y tuvieron un “milagroso excedente”). 

Y lo mismo se apostillan en la autopista con la libra a 70 pesos, que te la ofertan en un mercado a 90, 100…lo que quieran pedir en su bolsa de valores. 

Descascarando el arroz

El arroz no es guarnición en la mesa del cubano, es plato fundamental en su día a día y por eso aunque hayamos pasado de cinco libras en la cuota mensual  a siete o lleguen tres de donación… el rompecabezas de casa pasa casi siempre por “completar” el arroz del mes.  Sobre todo, a falta de frijoles (que cuestan más). 

Son cifras descomunales las que se utilizan para cubrir la canasta básica normada y el consumo social (instituciones de Salud y Educación, comedores obreros, etc). Se calcula que el país necesita solo para consumo normado y social unas 700 000 toneladas de arroz.

En 2020, Cuba solo produjo 266 mil toneladas de arroz cáscara-húmedo, un número que “merma” alrededor de la mitad cuando se convierte en arroz listo para el consumo. O sea, podríamos estar hablando de unas 130 mil toneladas el año pasado, aun cuando no haya consenso en esa conversión y se dependa de la calidad del grano, del proceso de secado, del molinaje… 

Estando tan lejos entonces de la “demanda normada” las importaciones no se han hecho esperar y más de la mitad de lo que comemos tiene que venir “de afuera”. En la tabla solo se muestran las toneladas registradas por los países importadores (no todas las empresas exportadoras han presentado sus datos de 2019 y 2020): la cifra debe ser mayor. Sin embargo, los números preliminares de las importaciones en 2020 superan las toneladas de arroz-listo para el consumo-producido en Cuba.

Aunque los planes y perspectivas dicen que para el 2025 debemos producir 550 000 toneladas de arroz consumo. El año pasado no llegamos ni a la mitad de ese propósito ¿Podremos duplicar la producción en cinco años? No parece un pronóstico cumplible y desde ya estamos pagando caro la falta de fertilizantes, combustible, reducción de áreas, bajos rendimientos…

La libra de arroz ha venido inflándose desde 10 pesos y ha topado los 50 en el mercado informal y abastecido. Es un precio elevado para la mayoría de los cubanos.

Viandazos y tomatazos 

Aunque las viandas también han tenido un ligero descenso, su presencia o ausencia ha estado más asociada al tipo de comercialización que a rendimientos (que también han caído).

Es nacional el problema en todos los cultivos. La falta de fertilizantes, de combustible, y la pandemia han tirado las producciones al suelo. Encima, los precios se mantuvieron estáticos durante algún tiempo, centralizados, y la Tarea Ordenamiento regó incertidumbre sobre los campos, donde los guajiros no estaban muy claros de cuánto iba a costarle producir un quintal de boniato, por ejemplo, para definir luego a cuánto podría venderlo, y no perder.

Aun cuando en febrero de este año Marino Murillo dijo que “los precios descentralizados de los productos agropecuarios han salido mejor que los centralizados, y por eso estamos revisando”, la apertura no se dio hasta finales de julio con la Resolución 320 del Ministerio de Finanzas y Precios.

Para entonces, muchos productores o habían dejado de regar por el incremento de precios del agua y el combustible, o se habían virado para otros productos más lucrativos, como el mango y la frutabomba. La cuenta no les daba a muchos hasta que se “liberalizaron” los precios de venta y el boniato, por ejemplo, que en la capital estaba perdido en junio, reapareció en agosto.

Por su parte, el tomate, que reina en los campos de Ciego de Ávila, provincia donde se cultiva más de la mitad de lo cosechado en Cuba, también vio decrecer sus áreas y rendimientos. Este 2021 se llegó a un punto crítico y la Agroindustrial Ceballos de ese territorio, líder de procesamiento en el país, tuvo que acumular tomates para moler cada dos días, pues no se justificaba la arrancada de esa mega-industria para moler tan poco.

También por eso el puré o el tomate se han convertido casi en un lujo a lo largo de este 2021 y en los mercados de oferta y demanda avileños no es posible adquirir una libra de la ensalada a menos de 25 pesos. En otras provincias supera los 70 pesos. 

¿Entonces?

No es posible sentarnos a una mesa de espaldas al campo ni festejar diciembre, como si “dejáramos atrás” 11 meses durísimos que impactan en nuestra cena final. Y muchos llegan a ella con el salario máximo (9 800 pesos), mientras otros se sientan con, apenas, el mínimo (2100 pesos).

No todos recorren el trecho del surco a la boca a la misma velocidad; un camino que se alarga o acorta entre remesas, emprendimientos o subsidios y que, de paso, suele retorcerse entre incompetencias, burocratismo, ineficiencias, carencias…

Ahí están, inobjetables, las sanciones del gobierno de los Estados Unidos y las escasísimas inversiones que destinamos a la Agricultura. Están, sin dudas, las cifras que no se comen, pero se “digieren” si traducimos toneladas y hectáreas en cucharadas.

Y está, sobre todo, la dicha de comernos lo que sea, en familia. Ojalá que para el 2022 esa dicha tenga como centro nuestro típico menú de fin de año.

A sus 26 años, Ahmed Ación López es ya un nombre ligado a temas de cuidado y envejecimiento en Cuba. Y ese no es un asunto menor para un país que espera tener cerca del 30 por ciento de su población envejecida para el 2030.

El presente no es menos complejo: para 2020 se estimaba que alrededor de 221 400 adultos mayores vivían solos. Al mismo tiempo, las relaciones de dependencia han ido creciendo hasta indicadores preocupantes para quienes tendríamos tanto la necesidad de aportar a la economía, como de cuidar a los ancianos de casa.

En uno de sus artículos el economista esbozaba dicha complejidad: “Desde la ciencia económica ortodoxa solo se reconoce el trabajo que produce bienes y servicios para los mercados, y es de alguna manera recompensado con transferencias monetarias, mientras las labores que proveen bienestar y salud a la población queda invisibilizado y no se consideran trabajo”.

Más allá de ese tema medular en su análisis, y de su magisterio en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, Ahmed también es parte de nuestro equipo editorial. Desde ElTCP ha escrito sobre los nuevos actores que se han robado el protagonismo económico del 2021, los servicios de cuidados en el sector privado y otros temas calientes, siempre de manera didáctica, comprensible para todos.

El “pie forzado” ha sido directo: ¿Cuáles han sido las principales trabas para el emprendimiento cubano?

Ante la interrogante, solo una coletilla interpone Ahmed: Prefiere responder la pregunta enfatizando en aquellos factores que pueden ser transformados y contextualizarlos en un ambiente macroeconómico inestable, “caracterizado por una inflación galopante, que parece no contenerse en el corto plazo, ante la ausencia de estrategias de política monetaria eficaces e incrementos productivos”.

Ese, considera, es uno de los factores que más afecta el crecimiento del sector privado y cooperativo. Y más allá de sus múltiples causas -entre ellas la Tarea Ordenamiento y la monetización del creciente déficit fiscal- y formas de reducirla, lista 6 perturbaciones que provoca en el sector:

1. Se incrementan los costos de producción por la adquisición de materias primas, insumos o activos fijos; y el pago de salarios – aumenta debido a los cambios institucionales y el costo de la vida-. Esto induce a que los negocios incrementen los precios de sus productos o servicios, en contraposición con una disminución de la capacidad de compra de sus clientes.

2. Se mantienen múltiples barreras para acceder al financiamiento de instituciones bancarias estatales. Aunque los créditos en moneda nacional que ofrece el Banco Metropolitano, el Banco Popular de Ahorro y el Banco de Crédito y Comercio a mipymes y cooperativas recién se comienzan a implementar, la resolución que los avalan – 213 del Banco Central de Cuba– sostiene la misma lógica que la diseñada para los cuentapropistas:

Exige la presentación de múltiples documentos; periodos de verificación e investigación de las cuentas, operaciones y capacidad de pagos de los negocios; garantías y capital inicial entre otros elementos. Lo que permite proyectar que serán procesos largos, complejos y burocráticos que desincentiven esta forma de financiamiento.

3. La ausencia de políticas de fomento afirmativas, como créditos blandos, ventajas fiscales y la transferencia de activos, ligada a vacíos regulatorios, desaprovecha oportunidades para empoderar a grupos de personas históricamente marginados, con bajos ingresos y que trabajan en condiciones de informalidad. Ya las brechas de género se comienzan a notar en las mipymes creadas hasta el 1 de diciembre. Según datos facilitados por la investigadora Ileana Díaz, solo el 23 por ciento de los socios son mujeres.

4. Aún el país no cuenta con un mercado de divisas donde todos los agentes de la economía puedan acudir para comprar y vender. Se ha forjado un mercado informal con tipos de cambios que expresan, en buena medida, las condiciones monetarias del entorno macro cubano, pero dificulta el acceso por las elevadas cotizaciones de las monedas extranjeras.

A eso le sumamos que los créditos en MLC solo son otorgados por dos instituciones: la Financiera Iberoamericana S.A y la Financiera de Microcréditos S.A. Aunque no están claros los términos, condiciones y prioridades de la primera; la segunda ha declarado que solo concederá recursos en moneda dura a quienes tengan ingresos en la misma moneda y no permitirá que sean utilizados para importar. También pedirán los retornos en el corto plazo. Este hecho obliga a muchos emprendedores a concurrir al mercado informal, lo que incrementa también sus costos y constituye un mecanismo para que continúe el ascenso inflacionario.

Ahmed Ación, economista

5. El monopolio estatal del comercio exterior menoscaba la competitividad e inserción de los productos nacionales en los mercados externos, al impedir relaciones directas entre empresas extranjeras y actores privados. Las empresas importadoras-exportadoras estatales son pocas y con estructuras oligopólicas-con escasas condiciones de competencia-, tienen nulos incentivos para ofrecer mejores servicios. Para los negocios que importan incrementan sus costos y para los exportadores distorsiona sus precios al alza, pues los ingresos de las empresas intermediarias dependen de los márgenes comerciales.

6. Las políticas dirigidas a todos los actores económicos son homogéneas y no reconocen las asimetrías, puntos de partida, tamaño y otras diferencias que hay al interior de ellos. Este diseño puede traer efectos dañinos especialmente a las mipymes que ostentan altas tasas de mortalidad en la mayoría de los escenarios mundiales. Por ejemplo, se ha establecido una carga fiscal bastante elevada para negocios que están insertados en diferentes sectores y, por tanto, tienen diferentes tasas de rentabilidad, ingresos y capacidad de adaptación ante los embates del entorno. Asimismo se ha limitado el crecimiento, utilizando como único indicador el número de personas contratadas, más los socios, lo que crea disparidades en el desarrollo según las ramas.

Una empresa que genere alto valor agregado prestando servicios informáticos como la programación tiene mayores potencialidades para ascender, ocupar mejores posiciones en el mercado y desplegar habilidades resilientes, que otra con un uso más intensivo de fuerza de trabajo, corte artesanal o en sectores primarios que enfrentan mayores riesgos de quiebre.

¿Qué políticas o medidas podrían cambiar la situación?

Políticas que adopten un enfoque inclusivo, transversal y heterogéneo que contenga un tratamiento diferenciado según las características y divergencias existentes entre los actores; especialmente las políticas/normas tributarias, crediticias y límites de crecimiento (para las mipymes), las cuales deben ser reestructuradas.

Bajo la misma lógica corresponde acometer acciones de fomento e incubación de emprendimientos -sobre todo en sectores priorizados a definir- y descentralizar a niveles provinciales/locales el proceso de constitución de mipymes y cooperativas para hacerlos más expeditos y cercanos a las necesidades territoriales.

Otra medida inminente sería la creación/extensión de mecanismos de acceso a las divisas para los actores productivos que lo requieran, mediante formas distributivas que incentiven y premien a los más eficientes; mientras se espera la creación de un mercado institucionalizado de divisas.

Ahmed Ación, economista

Es preciso la creación de consultorías que brinden asesoramiento a las personas antes y después de creado su negocio, para cubrir de algún modo las carencias y ampliar los canales de información.

En general las medidas deberán promover la mejora del ambiente empresarial en sus diferentes dimensiones, y originar la integración/articulación de todo el aparato productivo, lo que incluye actores de cualquier tipo de propiedad y gestión.