En abril de este año el gobierno cubano aprobó un paquete de 63 medidas para impulsar la producción de alimentos. Algunas fueron puestas en vigor, dado su carácter prioritario e inmediato, mientras otras esperan los cuerpos legales para ser implementadas.
De ese grupo de 63, al menos unas 30 fueron consideradas de prioridad. El resto, se informó, debe aprobarse en un corto y mediano plazo. Pero todas en el transcurso del 2021.
¿A qué escenario llegan?
Estas medidas llegan en un año complejo donde la Tarea Ordenamiento y la Unificación Monetaria y Cambiaria (a la larga desvirtuada con la entrada del dólar y el euro en el mercado interno) han tambaleado la contabilidad de varias entidades. Y aunque algunas ya presentaban serios problemas financieros, otras los vieron desencadenarse a partir de enero.
Solo al cierre del primer mes del año ya 158 empresas de la Agricultura cerraban con pérdidas según informara el propio viceministro del sector, Maury Hechavarría Bermúdez.
El dato lo ofreció en marzo, cuando también se computaban 3 245 cooperativas con dificultades (más de la mitad de las existentes); un número del que no se ha tenido actualización para ver si, en efecto, cuatro meses después la situación cambió.
El paquete de medidas aterriza, además, en un sector que explota, apenas, la mitad de las tierras cultivables del país.
De las 6 millones 400 755 hectáreas agrícolas, solo 3 millones 120 926 están cultivadas. Exactamente, el 48.76 por ciento. Para colmo, los rendimientos son “buenos” o “muy buenos” en solo el 33 por ciento de esas áreas, según escribió en Cubadebate el investigador José Luis Rodríguez, asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM).
¿Por qué aplicar las medidas entonces?
Son en extremo necesarias porque desembarcan en un momento de crisis, al haberse experimentado un brusco descenso del PIB cubano en 2020.
Este año decrecimos en un 11% (una caída comparable al otro gran descenso, -14.8 en 1993). Y ese bajón será muy difícil de revertir a corto plazo, aunque, casi al borde del primer semestre de este año, el Ministro de Economía insistía en que la economía crecerá un seis por ciento este año.
Pero suponiendo que así fuera estaríamos todavía “por debajo de cero”, respecto al año anterior y lejos del valor del 2015 (4.4), año de mayor crecimiento en la última década.
Igualmente, las medidas constituyen una urgencia para un sector que, a pesar de considerarse estratégico, recibe exiguas inversiones.
En el 2019 apenas el cinco por ciento de las inversiones fueron destinadas a la Agricultura y en 2020 el desbalance seguía siendo notorio, y muy visible, si se hacía una comparación que el economista Pedro Monreal, lanzara al ruedo: “En los servicios empresariales, actividad inmobiliaria y de alquiler, que incluye la inversión turística, se invirtió 3,5 veces más que en la industria, 7,5 veces más que en la agricultura y la ganadería, y 72 veces más que en ciencia e innovación tecnológica”. El informe de la ONEI así lo dejaba entrever. Encima, la tendencia en este primer trimestre del 2021 ampliaba más la brecha.
La situación se agrava por la dependencia que mantiene el país de las importaciones. Dos mil millones de dólares al año es el gasto que nos aleja de la tan ansiada soberanía alimentaria.
Por todo ello, cualquier disposición que intente transformar la situación actual merece seguimiento, en aras de observar si, al fin, se logra un ambiente favorable al desarrollo del país: preferiblemente, antes del 2030.
Y como todavía no transcurre un tiempo prudencial para emitir valoraciones -el primer grupo de medidas apenas ni rebasa el primer trimestre-, en este acercamiento inicial al tema, ElTCP.com le propone repasar algunas de las principales ideas que trascendieron del paquete, aprobado en abril de este año.
¿Qué cambia?
-Bajón de corriente
Una de las más mediáticas y esperadas fue la disminución de la tarifa eléctrica. Antes de implementarse la Tarea Ordenamiento ya esa tarifa había sido rebajada para el sector residencial; pero el sector estatal y el agropecuario, sobre todo, venía manifestando su inconformidad por considerarla muy alta. Muchos cultivos no solo se encarecían por el riego, sino que, incluso, daban pérdidas al tener que venderse a precios topados por el Gobierno. Las cuentas, sencillamente, no daban.
Finalmente, en marzo, la Ministra de Finanzas y Precios, luego de participar en varios encuentros por todo el país, anunció la rebaja de la tarifa para este sector, que no se hizo efectiva hasta que en abril, con el anuncio del paquete, se emitió la Resolución 66, del Ministerio de Finanzas y Precios, que la aprobaba.
La reducción osciló entre un 28 y 25 por ciento. El que no había pagado se le refacturó el servicio por la nueva tarifa y el que ya lo había hecho se le compensó con consumo futuro; es decir, al monto que se pagó por el valor de la vieja tarifa se le iría descontando el consumo actual de la tarifa vigente, que es más barata. (No se devolvió dinero, se empleó la diferencia en pagar el consumo posterior)
Se dijo, además, que sería una tarifa fija todo el año, con independencia de la fluctuación de los precios del petróleo, y se eliminó el cobro automático contra el saldo de las cuentas de la bases productivas .
La medida le permitió un respiro a quienes se veían obligados, ante el incremento de la tarifa, a aumentar los precios de sus productos. Muchos ya habían experimentado un “cortocircuito”.
•El periódico Escambray lo contaba así: En cortocircuito el riego electrificado
Aunque el beneficio fue incuestionable para toda la actividad agrícola, habría que señalar que una de las áreas que más aclamaba esta reducción era la del riego. Y ello, a pesar de que solo el 7,2 por ciento de las tierras cultivadas en Cuba están bajo riego.
Pero buena parte del riego, que no aparece quizás en esas estadísticas, se considera ineficiente: mantener encendida, por ejemplo, una turbina durante horas para que el agua se deslice por rústicos canales y llegue, por gravedad y aniego al surco que está a kilómetros de la estación de bombeo. Por eso también se justificaba el reclamo de agricultores, escasos de tecnología en el riego.
Punto y aparte para los arroceros, altos consumidores de corriente, y de agua.
-El agua, más “potable”
La rebaja del cobro del agua fue otra de las medidas que causó impacto, amén de que disminuyera en un 32 por ciento para el arroz y en un 22 por ciento para las restantes actividades; atendiendo, sobre todo, a los niveles de consumo de los cultivos.
Asimismo, se redujo la tarifa del agua subterránea (no así la de aguas superficiales, cuya reserva en embalses duplica la que se acumula en nuestros “ríos subterráneos”).
El declive fue considerable: de 17.50 pesos a 7.50 pesos por cada 1000 m3 de agua.
En ese apartado, sobresalió, también, la eliminación del cobro automático contra el saldo de las cuentas de las bases productivas y como aspecto muy significativo se aprobó que la base productiva pagara solo el agua que consumiera realmente.
Esto constituye un avance significativo, pues una parte del agua que se suministra en la Agricultura por gravedad (que es el riego más extendido) se “queda en el camino”.
Al mismo tiempo la medida implica que deberá mejorarse el metraje para la medición del consumo; situación que se vuelve crítica en algunas empresas donde, incluso, usufructuarios de diferentes cooperativas “toman” agua de la misma turbina y se vuelve complejo el cobro justo del líquido.
Otros problemas en el cobro están asociados a que varias bases productivas suministraron durante años el agua a comunidades rurales, que no están metradas, y que siguen “bebiendo” hoy del agua de la Agricultura. Ahora (sobre) añaden costos a los productos sembrados.
-Paga lo que debes… pero ahora menos
La reducción en el pago de los impuestos figuró también dentro del paquete de medidas muy esperadas. Las bonificaciones consistieron en aplicar una disminución de un 5% a un 2% del pago del impuesto sobre los ingresos personales de los productores agropecuarios, durante el 2021 y el 2022.
Este sector había estado exonerado de dicho impuesto desde que en 2012 se aprobara la Ley 113 del Sistema Tributario. Por primera vez, con la Ley 125 del Presupuesto del Estado para el año 2018 no estuvieron eximidos y fueron obligados a pagar.
La escala progresiva generó, entonces, no pocas insatisfacciones, pues cálculos de especialistas de la ONAT coincidieron en que no estimulaba la producción. Por ejemplo, en el caso de los porcicultores, y de acuerdo a ese régimen existente, se demostró que mientras las ganancias se multiplican por cinco, el impuesto excedía la multiplicación por diez con un impacto en la mesa del cubano, que ya extraña al mamífero nacional por sus ausencias reiteradas, o por sus precios astronómicos.
El Periódico avileño Invasor lo contaba así: Con Puercos jíbaros.
La medida se corrigió en el 2020 con la eliminación de la escala progresiva y se aprobó un tipo impositivo del cinco por ciento. Finalmente, este 2021 experimentó una nueva reducción, bajo un régimen fijo. Ahora solo aportan el 2 por ciento de sus ingresos brutos. Es decir, se paga el 2 por ciento del total de dinero percibido, sin haber descontado de esa suma los gastos, intereses, comisiones, u otros impuestos…
–Bajan los precios de insumos
Desde que se implementara la Tarea Ordenamiento, una de las principales insatisfacciones de los agricultores que fueron juzgados por el alza del precio de sus productos (obviándose en algunos casos la estampida en sus fichas de costos) fue el alto precio de los insumos.
Foto: Juan Alejandro Triana.
Dentro de los que tuvieron una considerable baja estuvo la tarifa de aviación en la producción de arroz, que descendió en un 22 por ciento. Encima, y para bien, se acordó que de las horas improductivas solo se cobraría el costo.
La incoherencia del precio inicial que tuviera la tarifa de aviación fue reflejada por el Periódico Escambray. Las consideraciones desde el Sur del Jíbaro, una de las zonas arroceras por excelencia del país, finalmente, serían tenidas en cuenta.
•Vea cómo lo contó Escambray: Tormenta de precios azota el arroz.
Por su parte, los piensos nacionales para la producción porcina también vieron descender sus precios en un 60 por ciento.
Sin embargo, el precio no era entonces el único problema que afrontaban los porcicultores. Tal y como admitiría el entonces ministro del ramo, Gustavo Rodríguez Rollero, el país debía importar casi el 45 por ciento del alimento animal para poder producir el 70 por ciento del pienso que, por contrato, le garantizaban a los productores. Eso, en papeles.
La crisis que atravesaba (y atraviesa Cuba) impedía mantener ese tipo de contratos y a mediados del año pasado, ya se recortaba en más de un 50 por ciento los suministros de materias primas importadas para los piensos, según explicaba Norberto Espinosa Carro, presidente del Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN).
Aunque se dijo que la siembra de cultivos debía garantizar, al menos, el 40 por ciento de la alimentación animal de la Isla, todavía sigue siendo una perspectiva, no un hecho.
Fue así que la intermitencia del alimento y sus deudas acumuladas en el campo impactaron en un sector que intentó, al mismo tiempo, captar la moneda “salvadora” con la que Cuba pudiera reanudar parte de la importación. Ya en diciembre, en Santiago de Cuba, se daban noticias sobre la venta en Moneda Libremente Convertible (MLC): una tonelada de pienso para iniciar la ceba le era vendida a los porcicultores a 395, 85 MLC.
No obstante, la pregunta que todavía se hacen los porcicultores es cómo adquieren los dólares quienes no reciben remesas o no han podido encadenarse a ventas en frontera o al Turismo. O a qué precio (y en qué moneda) tendrían que vender la carne luego, si los gastos fundamentales son en el billete extranjero.
En el acápite de rebaja de insumos también se disminuyó la tarifa de los servicios y trámites que se brindan a las formas productivas. Entre ellos destaca, por ejemplo, el servicio de preparación de tierras, que bajó entre un 23 y 26 por ciento.
A ese servicio tienen que acudir muchos, pues la tenencia de tractores en el país no registra datos halagüeños. Hace cinco años los vinculados a la agricultura casi rozaban los 44 mil. Era y es, además, una añeja maquinaria, mientras que los precios que ofrece hoy GELMA para adquirir un moderno tractor oscila entre la exorbitante suma de 15 mil y 27 mil MLC.
También se rebajaron unos 12 productos de Labiofam (como promedio, en un 54 por ciento).
Aún con estas reducciones y la de otros insumos mayoristas, muchos continúan cuestionándose los altos precios de los productos agropecuarios en Cuba, es difícil ver el intrincado camino entre el campo y la mesa cuando en el camino la ineficiencia tiene un costo tan alto. ¿Por qué siguen siendo tan caros los productos del agro?
-Comercializar: ahora más fácil
Aunque anunciada oficialmente en abril, no fue hasta junio que entraron en vigor las medidas que regulan la Política de Comercialización en Cuba. Yisel González Marrero, directora de comercialización del Ministerio de la Agricultura (Minag) informaría que esta política unifica el marco legal disperso que existía y “contiene 51 principios, de ellos 31 completamente nuevos que cambian la manera en que se venía trabajando”.
Dentro de ese paquete sobresale la creación de un comité de contratación (a niveles provinciales y municipales) que debe evaluar el nivel de actividad y producción, elaborar los balances de productos agrícolas y concordar los precios para la comercialización.
Plantea, además, la posibilidad de que se comercialicen directamente en la red de tiendas en MLC o en Moneda Nacional o en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, así como en otros destinos, una vez cumplido el encargo estatal.
Reconoce precios duales: centralizados para los destinos fijados que incluyen la entrega a la industria, así como el consumo social, dietas médicas y sistema de alimentación a la familia; y descentralizados en la venta a los gobiernos locales y grupos empresariales para otros destinos”.
Asimismo, se autorizó a que los productores agropecuarios y cooperativas, de forma independiente o conjunta, y después de cumplir sus contratos, puedan arrendar establecimientos para la venta minorista de sus producciones y los de terceros.
Antes de la puesta en vigor de estas medidas varias provincias reportaban ya nuevas formas de gestión en establecimientos de Acopio que reducían su carácter monopólico. Mercados o placitas que funcionaban como UEB y al adquirir personalidad jurídica podían pagarle directamente al campesino; y mercados en calidad de arrendamiento, que eran suministrados directamente por cooperativas o usufructuarios, sin que Acopio mediara en las relaciones comerciales.
El desconocimiento de estas medidas o el no haberlas aplicado, a tiempo, ya dejaban su saldo de podredumbre en suelo camagüeyano. Un reporte del periódico Adelante así lo describía: ¡Le zumba el mango!
Carne y leche: ya no somos la India
Dentro del paquete de medidas se aprobó la comercialización de carne bovina (vacuno y bufalina) y leche, autorizando, de hecho, el sacrificio del ganado mayor siempre y cuando se cumpliera una serie de requisitos: los dos fundamentales, cumplir con los planes de leche o de carne, y tener crecimiento del rebaño. (de cada tres cabezas que se incrementen puede sacrificarse una)
Esta fue una de las más llamativas o mediáticas (porque rompía con años de inercia y prohibición). Y aunque podría constituir un incentivo en el sector, es todavía muy corto el tiempo para evaluar su impacto real. No obstante, hasta el momento ha sido discreto, si juzgamos en tres provincias las cifras del sacrificio inicial y las posibilidades de sostenerlo.
En junio, Sancti Spiritus sacrificó 11 animales y daba cuentas de 891 productores que habían solicitado su inclusión en el sacrificio de ganado. Obviamente, ganaderos que cumplieron sus planes y vieron crecer su masa en el 2020.
En Camagüey, una provincia con alto potencial ganadero, se sacrificaron 4 y se estimaba que unos 600 ganaderos cumplían con dichos requisitos para sumarse.
En Ciego de Ávila, junio dejaba unas 10 reses sacrificadas y el estimado de los que estaban en condiciones de incorporarse rondaba los 340 ganaderos.
El hecho de que la mayoría de los ganaderos de la región central no estuvieran en condiciones de poder sacrificar sus reses, demuestra, en parte, el estado de la ganadería en Cuba.
El informe de la ONEI del año 2020 muestra cómo en los últimos seis años viene decreciendo la masa total del país y la cantidad de hembras, específicamente. Y cómo la relación entre nacimientos y muertes sigue tensando el desarrollo.
Si se analizan los datos entre el 2014 y el 2019, se observa que las muertes representaron entre un 22 y un 34 por ciento de los nacimientos. O sea, hubo años en llegó a morirse la tercera parte de lo que nacía. Redondeando: fallecía un ternero por cada tres que nacían.
Sea cual sea el total de cabezas (que hoy ronda los 4 millones) la relación muertes/nacimientos sacrifica cualquier perspectiva halagüeña. De ahí que las recientes transformaciones intentan que los ganaderos preserven mejor su masa.
En el caso de la leche, las medidas mantuvieron el precio anterior, lo que para muchos constituyó “un cubo de leche fría”. No obstante, aunque se decidió mantener el litro a 7.50, si se cumplen o sobrecumplen los planes del mes, el Lácteo eleva ese monto a 9.00 pesos. Una vez cumplidos, se autorizó también a que los ganaderos pudieran comercializar la leche a precios por acuerdo y donde determinaran (haciendo uso de la nueva política de comercialización).
La medida no incluyó el acarreo en el precio del litro de leche y decidió pagarlo diferenciado, de modo que un acarreador puede cobrar, por ejemplo, 0.40 centavos por cada litro que traslade a una distancia de 8km, o más.
En cuanto al pago a las formas productivas por el servicio de enfriamiento de la leche, se subió de 0.15 a 0.25 cts.
Igualmente habría que dejar transcurrir algunos meses para ver si con tales incentivos aumenta la entrega de leche a la industria. Si los planes impuestos son certeros, si los precios lo fueron…
Epílogo
El análisis de estas medidas aprobadas en abril merece un reportaje periodístico donde, además de lo oficialmente expuesto, “comparezcan” productores, directivos, economistas… Y merece, cada una de ellas, un abordaje independiente.
Este primer acercamiento por la “superficie” de lo publicado, constituye un esbozo para comprender mejor el impacto futuro que podrían tener.
